“En educación, el orden no solo tiene que ver con el control o con la ausencia del conflicto, sino también la existencia de condiciones que permitan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de las relaciones y del cuidado“, precisó María Rosa Olave, directora del Programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, quien aseguró que el debate en torno a la seguridad, el orden y el bienestar al interior de los colegios es un prioritario y necesario que se debe dar a nivel país.
Al revisar las medidas propuestas en el proyecto de ley, Olave observó que “estas se concentran y enfatizan principalmente las herramientas de control, de fiscalización y de sanciones. Entonces, surge una pregunta que me parece útil para la discusión: ¿En qué medida permiten avanzar hacia el propósito más amplio de construir comunidades educativas seguras, con buena convivencia y condiciones adecuadas para el aprendizaje?“.
La especialista aseguró que, si bien las situaciones de conflicto afectan el desarrollo normal de una actividad, no necesariamente constituyen violencia. Y mientras el proyecto se concentra en situaciones de mayor gravedad, el abordaje de la generación y reproducción de estos conflictos aparece menos desarrollado. “Si no se intervienen estas condiciones, los conflictos tienden a aparecer y reaparecer en el tiempo”, dijo.
Medidas de control y sanciones
Respecto de las medidas propuestas en el proyecto, como la revisión de mochilas y el uso de detectores, aseguró que “las sanciones son necesarias, pero difícilmente suficientes si no se complementan con estrategias que permitan abordar el conflicto de manera más formativa”.
Para la académica, el abordaje de los conflictos y la violencia en los colegios centrado en el control puede generar efectos en la dinámica de las comunidades educativas. “Impacta en la confianza, en el bienestar de la salud mental de las y los estudiantes, y de los distintos estamentos de la comunidad. También incide en el rol de los equipos educativos, en la medida en que incorporan funciones más asociadas al control que al trabajo pedagógico. Estas dimensiones no son secundarias, porque forman parte de las condiciones en que se construye la convivencia”, explicó.
A su vez, puntualizó que el desafío está en avanzar en el debate incorporando, de manera decidida, la convivencia, las relaciones y el bienestar, siguiendo algunos criterios: proporcionalidad (en qué contextos se aplican estas medidas), el resguardo del carácter educativo del espacio escolar, y su complementariedad con estrategias de prevención y salud mental.
“Avanzar hacia escuelas libres de violencia requiere fortalecer el rol formativo de las comunidades educativas, el trabajo en convivencia escolar, el desarrollo socioemocional y la capacidad para gestionar los conflictos. El desafío no es sólo reaccionar frente a violencia, sino también construir condiciones donde la violencia sea menos probable“, concluyó la académica.
Revisa la intervención de la académica en la Comisión de Educación: