Fuente: Radio Sonar
En medio del debate por el proyecto que busca reforzar la seguridad en establecimientos educacionales, la abogada y académica de la Universidad Alberto Hurtado, Claudia Sarmiento, plantea que el desafío no está en el objetivo, sino en la forma en que se implementan las medidas.
Si bien reconoce que garantizar la seguridad de estudiantes y docentes es un propósito legítimo y ampliamente compartido, advierte que “no da lo mismo cómo se hacen las cosas”, especialmente cuando están en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entre los principales riesgos, Sarmiento identifica la falta de criterios claros en el proyecto, que podría dejar en manos de cada establecimiento la definición de cómo y cuándo realizar inspecciones. Esto, señala, abre la puerta a prácticas arbitrarias o discriminatorias, además de eventuales vulneraciones a la privacidad y al debido proceso.
Asimismo, cuestiona la posibilidad de que, ante la negativa de un estudiante a ser revisado, se recurra directamente a fuerzas policiales sin control judicial. “Estamos hablando de intervenciones que afectan derechos fundamentales, por lo que requieren estándares más exigentes”, explica.
La académica también advierte sobre el impacto que podrían tener otras medidas en discusión, como el aumento de penas o la restricción de beneficios sociales. A su juicio, estas iniciativas deben evaluarse bajo el principio de proporcionalidad, evitando sanciones excesivas o duplicadas.
En esa línea, enfatiza que el debate legislativo debe avanzar con rigor y no solo responder a la urgencia del contexto. “Es posible y necesario encontrar soluciones que mejoren la seguridad, pero respetando los derechos fundamentales”, sostiene.
Finalmente, subraya que este tipo de discusiones requiere un análisis técnico y constitucional profundo, considerando tanto la legislación nacional como los compromisos internacionales del país en materia de derechos de la niñez.
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