Fuente: La Tercera
Las cuentas públicas son una declaración de intenciones y una oportunidad para proyectar el país que se busca construir. En su primer ejercicio, el Presidente José Antonio Kast entregó un diagnóstico políticamente claro pero un destino desconcertante: la tesis de la “triple emergencia” (seguridad, económica y social) se utilizó para justificar medidas de fondo, pero también reveló una peligrosa desconexión entre la retórica de la urgencia y la realidad de la gestión.
La trampa de la emergencia vs. la paciencia
El gobierno enfrenta una trampa retórica de su propia construcción: si todo es una emergencia, no se puede pedir paciencia. El Presidente declaró una “guerra total al crimen organizado”, pero al mismo tiempo proyectó un Plan de Infraestructura Penitenciaria hasta 2030. ¿Cómo se explica a una ciudadanía que vive con miedo que la solución estructural a las cárceles —donde hoy los jefes criminales operan “como si los muros no existieran”— tardará cinco años más en materializarse? La urgencia del discurso choca con la burocracia de los plazos estatales.
Las grandes cifras y la mesa chica.
Un punto central del discurso fue el ordenamiento fiscal. Es cierto que un déficit estructural del 3,7% del PIB es un problema grave. Sin embargo, el ordenamiento es un instrumento, no un proyecto de sociedad. Mientras el gobierno celebra que mayo fue el mes con mayor inversión aprobada en 11 años —13.900 millones de dólares—, la realidad en la mesa de los chilenos es distinta.
El propio Presidente admitió que el desempleo lleva 40 meses sobre el 8% y que el desempleo femenino joven supera el 25%. Ante esta “angustia de noches sin dormir”, la respuesta del Estado es un bono de $30.000 por niño. Esta brecha entre las grandes cifras de inversión y el alivio marginal a las familias refuerza la idea de que el crecimiento, aunque necesario, es insuficiente para sanar una desigualdad estructural que el “chorreo” no logra resolver.
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