Con la participación de la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, y de un panel integrado por la rectora de la Universidad de Chile, un exministro de Educación y una exministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Universidad Alberto Hurtado realizó el seminario “A 10 años de la gratuidad universitaria: balance y proyecciones”, como parte de las Jornadas de Economía. La convocatoria, poco habitual por reunir en un mismo panel a autoridades en ejercicio y a referentes que han encabezado instituciones clave del sistema, buscó revisar, a partir de evidencia académica, el impacto de una de las políticas públicas más relevantes de la última década en la educación superior chilena.
Una convocatoria de alto nivel
El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristián del Campo SJ, abrió la jornada destacando el valor de generar espacios de discusión académica en torno a una política de esta magnitud: “En un tema tan trascendental, como es la política de gratuidad, tenemos la oportunidad de presentar trabajos académicos con datos, evidencia y análisis, precisamente para ser discutidos y conocer las distintas opiniones y perspectivas al respecto. Eso es muy importante para fortalecer la política”.
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El rector agregó que el ejercicio de contrastar la mirada de la propia universidad con otras posturas es, a su juicio, la mejor forma de aportar a la toma de decisiones públicas:
“Abrirnos, como universidad, a que nuestra postura también la confrontemos con otro tipo de posturas, que ven otros ángulos de la gratuidad que quizás nosotros no estamos viendo, es la mejor manera de contribuir, junto con otras instituciones, a que la Subsecretaría de Educación pueda ir tomando mejores decisiones en pos de un sistema de educación superior que sea de alta calidad, pero también de alta inclusión”.
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En esa misma línea, aunque desde la vereda del Gobierno, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, planteó la necesidad de revisar el diseño de la política para asegurar su continuidad en el tiempo:“Es necesario hoy día volver a revisar la gratuidad de manera de hacer sostenible el desarrollo de la educación superior. Nuestra educación superior es robusta y tenemos que impulsar su desarrollo y, para eso, tenemos que mirar lo que ha sido y poder hacerle las perfecciones en su diseño de manera que sea sostenible en adelante”.
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La subsecretaria Valdés fue un paso más allá y puso el foco en los recursos:
“Los recursos son escasos, por lo tanto, queremos que la ayuda llegue a quienes más lo necesiten y tenemos que prever y velar para que el sistema educativo permita el desarrollo de todas las personas, desde la primera infancia hasta la educación superior. Entonces, llegó el momento de que revisemos y afinemos la política”.
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Evidencia y discusión
El seminario incluyó la presentación de investigaciones desarrolladas por especialistas de la Universidad, quienes abordaron distintas aristas de la gratuidad universitaria. La instancia fue presentada por la vicerrectora Académica UAH, Antonia Larrain, quien enmarcó las exposiciones como un aporte necesario desde la propia Institución a la discusión pública.
Belén Cumsille, jefa de Inteligencia de Datos , expuso resultados sobre el desempeño académico de estudiantes beneficiarios de gratuidad en comparación con quienes acceden a otros beneficios estudiantiles. A su turno, Bárbara Boggiano y José Heresi, académicos de la Facultad de Economía y Negocios UAH, presentaron evidencia sobre los efectos de la política en la riqueza de las personas beneficiarias. Finalmente, el decano FEN, Eduardo Saavedra, junto al académico Carlos García, analizaron el impacto de la gratuidad en distintos indicadores macroeconómicos.
Sobre la base de esa evidencia, la jornada dio paso a un panel de conversación moderado por Nicolas Fleet, decano de la Facultad de Ciencias Sociales UAH, e integrado por tres figuras con trayectorias que atraviesan la academia, la gestión universitaria y la regulación económica: Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile y exdirectora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE) y del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de esa misma casa de estudios; Harald Beyer, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, exrector de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Educación durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera; y Andrea Butelmann, exministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y expresidenta de la Comisión Preventiva Central Antimonopolios.
Para Alejandra Mizala, la relevancia del seminario radicó en la instalación de una cultura de evaluación permanente para las políticas públicas, especialmente aquellas que, como esta, comprometen recursos significativos y afectan la trayectoria de miles de jóvenes. En esa lógica, la rectora de la Universidad de Chile fue clara al señalar que ninguna política, por relevante que sea, debería quedar exenta de revisión: “Ahora tenemos que ver de qué forma las ajustamos en el tiempo para que sigan cumpliendo su función».
Andrea Butelmann coincidió con el diagnóstico de Mizala sobre la necesidad de evaluar constantemente las políticas públicas, pero introdujo un matiz que orientó la discusión hacia su dimensión más social: esa revisión permanente no es un ejercicio técnico neutro, sino una forma de garantizar que la política siga cumpliendo su propósito original, especialmente para quienes dependen de ella para acceder a la universidad. Desde su experiencia en el ámbito de la regulación económica, la exministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia planteó que la gratuidad exige, incluso, un escrutinio mayor al de otras políticas:
“Todas las políticas públicas tienen que ser evaluadas durante toda su vida, porque siempre se pueden mejorar y afinar. Esta, en especial, tiene que ser más revisada y discutida para darle la mejor oportunidad a todos los jóvenes de Chile, sobre todo a quienes carecen de recursos para pagar la universidad por sí mismos”.
Harald Beyer, en tanto, situó el aporte del seminario en un plano más amplio, alejado de la coyuntura inmediata de la gratuidad y puesto en el largo plazo del sistema: el del perfeccionamiento progresivo de los instrumentos de política pública en educación superior. Con la perspectiva de quien ha estado tanto en la academia como en la gestión universitaria y en el propio Ministerio de Educación, el académico de la Universidad Católica sostuvo que instancias como esta son las que permiten ir corrigiendo el rumbo con base en evidencia, más que en posiciones a priori:
“Es un asunto sobre el que tenemos que seguir conversando. Es muy valioso que la Universidad Alberto Hurtado haya organizado este panel y presentado estas investigaciones, que permiten entender mejor las opciones de política pública y, a través de esa vía, ir perfeccionando los distintos instrumentos para que nuestro sistema de educación superior sea cada vez de mejor calidad”.
Así, el encuentro permitió revisar la evidencia acumulada durante una década de implementación de la gratuidad y abrir una conversación sobre sus resultados, desafíos y proyecciones.
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Al cierre la actividad, el rector Cristián del Campo SJ proyectó la discusión en un horizonte más amplio, vinculado a las oportunidades que la educación superior puede abrir para las personas y sus familias:
“La educación superior también es una posibilidad de cumplir sueños, de movilidad, de tener una profesión y un buen empleo para ellos, para ellas y para su familia”.
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