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Fuente: La Tercera El reciente informe del BID sobre el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe destaca el enorme impacto de este flagelo en […]
Fuente: La Tercera
El reciente informe del BID sobre el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe destaca el enorme impacto de este flagelo en el desarrollo económico y social de la región. Con un costo directo estimado en un 3,4% del PIB en 2022, estos recursos se destinan principalmente a seguridad, justicia y sistemas penitenciarios. En Chile, dicho gasto osciló entre el 1,8% y el 3,0% del PIB, con una parte significativa dedicada al sistema carcelario, que consume el 0,28% del PIB, algo comparativamente alto frente a otros países de la región.
Sin embargo, las cárceles no han logrado cumplir su función rehabilitadora. Por el contrario, perpetúan ciclos delictivos y, en muchos casos, sirven como plataformas de expansión para organizaciones criminales transnacionales. La ineficiencia del sistema penitenciario es evidente: mientras el costo promedio por recluso supera el ingreso neto de un trabajador chileno promedio, su impacto en la reducción del crimen es limitado.
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