Daniela Alegría y Victoria Martínez: “Eliminar la perspectiva de género en Defensa borra desigualdades estructurales”

Fuente: El Mostrador / Braga

La decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar la Política de Defensa Nacional ingresada durante la administración anterior no debe leerse como un simple trámite administrativo de cambio de mando. Al eliminar un marco que incorporaba explícitamente la perspectiva de género, se interrumpe un trabajo institucional que se venía desarrollando de manera sostenida desde el año 2014. Aunque la medida se presentó bajo el sello de una revisión habitual, lo que se pretende es borrar una política de Estado para reconocer y abordar desigualdades estructurales dentro de una de las instituciones más tradicionales y jerárquicas del país. La gravedad de esta medida es que sugiere que la igualdad no es un principio fundamental y transversal, sino un accesorio prescindible según el signo político de turno.

La perspectiva de género no es una imposición ideológica ajena a la realidad militar, sino un enfoque técnico que permite identificar cómo las normas y prácticas afectan de manera diferenciada a las personas. En el contexto de la Defensa, implica reconocer que las Fuerzas Armadas no son espacios neutros y que en su interior persisten brechas de acceso, trayectorias desiguales y dinámicas de poder que pueden derivar en discriminación. Al retirar este marco, se desechan iniciativas críticas como el fortalecimiento de mecanismos contra el acoso sexual y laboral, la implementación de salas de lactancia, el fomento de la corresponsabilidad en los cuidados (medidas esenciales para proteger la maternidad) y la generación de diagnósticos actualizados sobre la integración de las mujeres. Lo que se pierde, en definitiva, es la capacidad de nombrar y gestionar problemas que, sin este respaldo normativo, tienden a desaparecer del radar institucional.