Enrique Rajevic: “Sería conveniente que Contraloría investigue y sancione los sumarios que impliquen a funcionarios(as) de confianza”

Fuente: La Tercera

La contralora general de la República ha pedido mayores atribuciones para fiscalizar a los servicios públicos a propósito del “caso licencias”. En mi opinión, hay al menos dos áreas donde este fortalecimiento resulta necesario. Por una parte, conviene darle acceso a las cuentas bancarias de los organismos públicos, lo que le permitiría contrastar la información que estos últimos le entregan facilitando su control. El secreto bancario tiene poco sentido tratándose de instituciones que están sometidas al principio de transparencia, menos tratándose del organismo público que los fiscaliza. Así lo han planteado, por lo demás, los últimos dos contralores, por lo que no se ve razón para demorar esta medida.

Otro ámbito en que convendría avanzar es en otorgarle, en ciertos casos, atribuciones sancionatorias directas. La regla general en nuestro sistema es que, en los procedimientos sancionatorios internos, las sanciones deben ser definidas por las jefaturas de cada organismo público, incluso cuando es Contraloría la que instruye el sumario. Pues bien, esto ha llevado a que en muchas ocasiones la decisión se retarde injustificadamente, tanto a nivel central como municipal. En los sumarios que instruye Contraloría contra alcaldes/as, el panorama es más complejo, porque en esos casos solo puede sancionar el Tribunal Electoral Regional a petición de, al menos, un tercio del concejo municipal.