Fuente: El País
La obligación a establecimientos de salud, educación y organismos previsionales a reportar datos de personas migrantes en situación irregular a la autoridad migratoria constituye una afectación de derechos fundamentales de personas migrantes y refugiadas El avance legislativo del proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa es preocupante, especialmente considerando aspectos que poco tienen que ver con el procedimiento de expulsión y la mejora de éste, como la obligación de reportar el estatus migratorio irregular de personas que asisten a instituciones de salud, educación y seguridad social.
El proyecto en su legítimo ánimo de facilitar la ejecución de expulsiones administrativas, afecta todo el proceso contencioso creado por la Ley 21.325 hace apenas cinco años, sin que ello asegure un mejor rendimiento del Estado en el número de expulsiones concretadas. De paso, vulnera garantías mínimas de debido proceso, que dotan de validez la sanción estatal.
Por ejemplo, el proyecto busca incorporar el “orden público”? como causal habilitante de expulsión administrativa, sin definición legal precisa. La ampliación de potestades discrecionales, sin criterios objetivos claros, tensiona el principio de legalidad y el deber de motivación de los actos administrativos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ejecutar expulsiones existiendo procesos penales pendientes, lo que transgrede abiertamente la presunción de inocencia, reconocida tanto en la Constitución como en Tratados Internacionales suscritos por Chile y vigentes.
En su indicación, el Ejecutivo incluye algo inédito y problemático: la obligación a establecimientos de salud, educación y organismos previsionales a reportar datos de personas migrantes en situación irregular a la autoridad migratoria constituye una afectación de derechos fundamentales de personas migrantes y refugiadas.
Gabriela Hilliger Carrasco es directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes
Tomás Pascual es académico de la facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado
Macarena Rodríguez es directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado
Rodrigo Sandoval es abogado y exjefe del departamento de Extranjería y Migración
Francisca Vargas Rivas es directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales
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