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El académico Carlos García analiza las observaciones del Consejo Asesor Fiscal y la Corte Suprema al proyecto de “mega ley” impulsado por el ministro Quiroz, advirtiendo sobre sus efectos fiscales, ambientales y jurídicos. La columna aborda los riesgos de trasladar al Estado las pérdidas de proyectos de inversión y cuestiona el impacto que estas medidas podrían tener sobre la institucionalidad y la autonomía judicial en Chile.
Fuente: La Segunda
¿Qué matiz existe entre el encanto y el temor? Hay animales que generan repugnancia o miedo (culebras, ratones, buitres o hiena) pero con ligeros cambios en ellos, nos mueven hasta la ternura y el fervor (gekkos, ardillas, cóndoreso lobos). Quizás miramos las instituciones de la misma manera. A veces, son gekkos y en otras queremos que culebreen.
La mega ley del ministro Quiroz debe enfrentar maduramente esta dualidad. El Consejo Asesor Fiscal informó el proyecto de ley y, sin cuestionar los propósitos de crecimiento, desnudó las falencias de déficit fiscal que no son superados por el hipotético incremento del progreso económico. Esa deuda es lo único que no puede crecer. De hecho, hay que tomar en cuenta la caída abrupta de ingresos fiscales que el proyecto genera versus el lentoefecto de crecimiento que estimula.
La Corte Suprema, en su informe sobre el proyecto, examina el objetivo de la incerteza jurídica como factor que desalienta la inversión. La Corte estudia la prouesta de las vías recursivas para reclamar de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ante la jurisdicción ambiental. Reitera que acortar los plazos de tramitación no afecta un derecho al debido proceso, pero está lejos de resolver la multiplicidad de recursos que tiene hoy el sistema ambiental.
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