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Macarena Rodríguez, académica de Derecho: “Muchas personas migrantes hoy trabajan, pagan impuestos, forman familias y aportan en áreas clave”

La académica de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, criticó las medidas impulsadas por el gobierno en materia migratoria, advirtiendo que generarían temor en las familias extranjeras, afectarían el acceso a salud y educación, y profundizarían la estigmatización de personas migrantes que hoy contribuyen laboral y socialmente al país.

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Fuente: T13 Radio

La profesora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y miembro del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez, manifestó su preocupación por las medidas impulsadas por el gobierno en materia migratoria, especialmente aquellas relacionadas con el acceso a información de personas extranjeras en situación irregular.

En entrevista radial, Rodríguez afirmó que el país no está en condiciones de expulsar masivamente a personas migrantes y advirtió que las actuales iniciativas podrían generar políticas de “hostilización y persecución” hacia comunidades extranjeras. “No podemos culpar al otro de todos los males que tenemos. Eso es muy dañino para la convivencia social”, señaló.

La académica sostuvo que medidas como solicitar información en consultorios, colegios o jardines infantiles provocarían temor en las familias migrantes, inhibiendo el acceso a controles médicos, vacunación y educación. “Vamos a provocar el efecto contrario: que las personas eviten acudir a servicios básicos por miedo”, indicó.

Rodríguez también defendió la necesidad de avanzar en procesos de regularización migratoria que permitan identificar a quienes contribuyen al país y enfocar los recursos del Estado en perseguir delitos vinculados al crimen organizado. “Muchas personas migrantes hoy trabajan, pagan impuestos, forman familias y aportan en áreas clave como el cuidado de adultos mayores y niños”, afirmó.

Finalmente, criticó la propuesta de volver a tipificar el ingreso por paso no habilitado como delito, argumentando que ello sobrecargaría aún más el sistema penal y dificultaría los procedimientos administrativos existentes.

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