Fuente: CIPER
Por Pablo González, PhD en Economía, Texas A&M University. Director de Postgrados de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.
El 10 de diciembre pasado, luego de los festejos y de los actos protocolares e institucionales propios de la toma de mando, comenzó el contacto del gobierno de Javier Milei con la realidad. Más allá de quién llegaba a la Casa Rosada, era lógico que la realidad se iba a imponer. No es necesario detallar una vez más el panorama. Quien fuese a ejercer el poder por los siguientes cuatro años tenía dos opciones: encaminarse definitivamente a una explosión inflacionaria o tomar la chance del reordenamiento económico con la posibilidad de una explosión político-social.
Durante la campaña, la propuesta de Milei se basó esencialmente en promover que los mercados funcionen como formadores de precios, de manera que indiquen —tanto a productores como a consumidores— cuáles son las cosas más o menos escasas en la economía. En otras palabras, que señalicen qué conviene producir y qué consumir, en función de qué se vuelve más caro o más barato.
A eso se sumaba la apertura comercial, la regularización de las tarifas de los servicios públicos; la eliminación de impuestos distorsivos y la simplificación tributaria. También la reorganización del Estado, la eliminación de pasivos remunerados del Banco Central que acrecientan la presión inflacionaria, la dolarización y la eliminación del Banco Central; así como la creación de un nuevo seguro de desempleo, que reemplace las indemnizaciones por despido.
Pero desde hace un par de semanas, Javier Milei ya no es un candidato aferrado a promesas y diagnósticos personales, sino una autoridad que debe dar cuenta de medidas pensadas a beneficio de la población general, aunque ajustadas tanto al marco constitucional como a la presión política fuera de su estricto control.
A menos de un mes de asumido el cargo hemos conocido ya parte de esas medidas, primero en palabras del nuevo ministro de Economía, Luis Caputo; luego, en ceremonia pública dirigida por el propio Milei. En ambos casos, se trata de un reordenamiento desregulatorio tan contundente como radical, recibido por reacciones acorde a su profundidad: desde el despertar de las movilizaciones hasta un (fugaz) respiro de alivio bursátil. A continuación, detallo parte de estas medidas en las más básicas divisiones del sector público y el privado:
1. SECTOR PÚBLICO: En el plano fiscal, se apunta a reducir los gastos del Estado, incluyendo la suspensión de la publicidad oficial, la reducción de la estructura organizacional del gobierno y la venta de algunos activos. Si bien estas medidas son de fuerte impacto comunicacional, la verdad es que posiblemente no hagan una gran diferencia. De hecho, hay que considerar que en Argentina el empleo público goza de estabilidad declarada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Quizás la medida fiscal más significativa hasta ahora sea la reducción de las transferencias discrecionales que hace el Estado Federal a las administraciones provinciales. Sin embargo, no es un punto fácil de ejecutar, considerando la necesidad del gobierno nacional de contar con apoyo en el Congreso.
El presidente Milei tuvo ya su primera reunión con las veinticuatro administraciones, y las declaraciones de los participantes no dan luces de un apoyo irrestricto a las medidas nacionales. De hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que salir en la previa a pedir cautela a los gobiernos provinciales para que eviten la emisión de títulos de deuda propios similares a los que se emitieron para pagar salarios y gastos corrientes durante la crisis de 2001 (con una primera práctica en 1995) y que sirvieron de cuasimonedas.
Ante la imposibilidad de eliminar completamente el desdoblamiento cambiario, se procedió a una fuerte devaluación del dólar oficial, medida que tiene connotaciones fiscales positivas y le otorga grados de libertad al fisco. Por su fuerte impacto en el precio de los bienes comercializables con el exterior y la necesidad de recursos genuinos, se subieron los impuestos sobre el dólar importación y también los impuestos a las exportaciones —conocidas como retenciones— de algunos productos agropecuarios no tradicionales (esto levantó algunas voces por su contraste con el discurso de campaña sobre reducción de impuestos). Es una muestra clara de que la realidad a veces se impone.
El reordenamiento de precios relativos involucró la eliminación de los subsidios a los servicios de energía y transporte, aunque por ahora no hay claridad sobre el ajuste de tarifas. Esta medida por ahora reduce el desembolso del Estado, incrementando los costos para los consumidores. Pero lamentablemente no refleja una mejora en las cuentas de las empresas proveedoras de los servicios, sin la necesaria señal para que comiencen a evaluarse proyectos de inversión en infraestructura crítica.
2. SECTOR PRIVADO: Pero también hay ya cambios profundos para el sector privado bajo esta nueva administración. Los argentinos terminaron este 20 de diciembre (aniversario del levantamiento popular que llevó a la caída del presidente De la Rúa en 2021) recibiendo la noticia de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que borra casi por completo toda regulación en los mercados. Cabe recordar que, desde el retorno a la democracia, todas las administraciones han recurrido a este instrumento jurídico y a leyes de emergencia, por diferentes razones y sin mayores objeciones frente a su eventual inconstitucionalidad.
El paquete de medidas abarca prácticamente toda la actividad privada, estableciendo una casi completa liberación de los mercados de bienes y servicios, cambiando la estructura de las prestaciones en materia de salud y del mercado laboral. El rumbo se vislumbra en el sentido correcto: levantamiento de regulación innecesaria, flexibilidad para permitir a la producción adaptarse a señales del mercado y libre celebración de contratos. Sin embargo, deja entrever cierta despreocupación por las fallas de mercado. Aún si nos quisiéramos despreocupar de la existencia de los ciclos económicos y de la distribución del ingreso, en el campo más micro nos queda la existencia de posibles externalidades (recordar el comentario respecto al uso del agua de los ríos), la necesidad de provisión de bienes públicos y los mercados imperfectos, por mencionar aquellos con riesgo de ejercicio de poder monopólico y los problemas de información imperfecta, trayendo consigo situaciones de riesgo moral y de selección adversa, por mencionar algo. En Chile tenemos experiencia acumulada que nos recuerda que los mercados a veces necesitan ser regulados o controlados (isapres, AFP, papel higiénico, pollos, farmacias, etc.). Argentina carece completamente del andamiaje institucional técnicamente calificado, tanto en lo regulatorio como en la defensa de la libre competencia. Comenzar con ello después de desregular y privatizar puede revivir problemas de agencias y legislación dominadas por los regulados.