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La tragedia de la Carol Urzúa y el Estado en los márgenes

Columna de opinión de la Directora del Departamento de Sociología UAH, María Paz Trebilcock.

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María Paz Trebilcock, Directora del Departamento de Sociología de la UAH.

La balacera en la Población Carol Urzúa que terminó con 5 muertos, más las acusaciones entre el alcalde Codina y la Subsecretaria de Prevención del Delito por “clasismo”, dista de proponer una solución para este tipo de delitos, cometidos en un territorio habitado por personas de los sectores socioeconómicos más pobres del país.

Hagamos un poco de memoria: Bajos de Mena se construyó como un conjunto de erradicaciones de campamentos, que optaron a subsidio habitacional en la periferia de la ciudad. Llegaron ciudadanos de distintos conjuntos, desarticulando los vínculos de origen de la población. La Concertación continuó con el legado de la dictadura y siguió erradicando viviendas en ese sector aumentando la cantidad de población y generando otro tipo de problemas: hacinamiento, falta de estrategias para le regulación del uso de espacios comunes, entre otros. Emblemáticos son los casos de las “Casas Copeva” que se llovían en el invierno o el famoso “Mall de la Droga” que son imágenes que se vienen fácilmente a la mente cuando uno piensa en este territorio. En Bajos de Mena habitan alrededor de 140.000 personas y hay 25.000 viviendas sociales.

A lo largo de los años, Bajos de Mena ha tenido que lidiar con el problema del narcotráfico en distintas dimensiones: jóvenes que salen de sus casas y son captados por bandas para traficar, gente de los grupos altos que va abastecerse al territorio, bandas que se toman las calles y que exigen silencio y lealtad por parte de sus vecinos, llegada de armamento, entre otros.

Al constatar que Bajos de Mena se convirtió en “el gueto más grande de Chile”, al mismo tiempo es uno de los territorios más intervenidos a nivel nacional: ha sido beneficiario del Programa Quiero mi Barrio, Segunda Oportunidad, e incluso desde el año 2008 está operando el “Plan Integral de Bajos de Mena” cuyo principal objetivo es el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes allí habitan, teniendo un especial foco en la seguridad de los habitantes. Así, Bajos de Mena también pasa a ser uno de los “Barrios Alta Complejidad” como los define la Subsecretaria de Prevención del Delito, destinando una serie de recursos para la seguridad.

En los últimos años han aparecido una comisaría, oficina del Registro Civil, nuevos parques, construcción de calles, reconstrucción de viviendas, entre otros cambios que ha tenido el territorio…. Entonces ¿por qué las personas siguen percibiendo el barrio inseguro y sin Estado presente?

Javier Auyero, destacado antropólogo argentino, nos habla de que los ciudadanos que habitan en los márgenes de la ciudad son dominados por el Estado a través de la espera: la espera en que lleguen las soluciones, esperar que salga el documento, esperar en la cola por atención de salud. Son miles de esperas cotidianas y dolorosas. Y a pesar de que el Estado ha llegado en infraestructura, en recursos y en gente, no ha sabido y no ha podido solucionar uno de los mayores problemas de este sector: el narcotráfico. Entonces, los habitantes de bajos de mena siguen esperando que el Estado se haga cargo del derecho básico de seguridad. ¿Es esa espera en vano?, ¿Puede el Estado romper con las redes de narcotráfico que persisten en el territorio?

En un barrio, donde no existe un respaldo para poder denunciar el narcotráfico – al contrario, denunciar es una condena de muerte- donde los jóvenes empiezan a consumir a temprana edad y hacen del narcotráfico un proyecto de vida, donde las personas han normalizado que a ciertos barrios “no se puede entrar” o que han normalizado vivir con inseguridad, ¿cuáles son las posibilidades de des-normalizar el tráfico?

A esto se suman elementos clásicos de los barrios segregados: falta de empleo o empleos precarios, falta de oportunidades para niños y jóvenes, desarticulación de vínculos sociales, son algunos de los elementos que propician la persistencia de bandas.

¿Qué hacer?  Mientras la política estatal no invierta en mejoras y oportunidades para el lugar, es decir, más empleo, llegada de fábricas, mixtura entre clases sociales que favorezcan los intercambios, entre otros proyectos, es difícil que la política logre romper con el círculo de droga que se entronca en el territorio. En definitiva, el Estado se constituye en los márgenes, entregado algunas soluciones, pero ha sido incapaz de atacar el corazón del problema que es el narcotráfico, condenando a los habitantes a tener que vivir con la incertidumbre de que pueden morir en un tiroteo, como lo hicieron esas 5 personas fallecidas.

 

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