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José Roa dictó Clase inaugural de Derecho Civil “¿Derecho al crédito? SERNAC financiero y negativa (in)justificada?

Profesor de Derecho del Consumo en la Universidad de Chile y ex director del SERNAC expuso sobre el impacto que tendrá el SERNAC financiero.

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El pasado miércoles 18 de abril, en el Aula Magna de la Universidad, se realizó la Clase inaugural de Derecho Civil “¿Derecho al crédito? SERNAC financiero y negativa (in)justificada? dictada por José Roa, profesor de Derecho del Consumo en la Universidad de Chile y ex director del SERNAC.

El profesor Roa expuso sobre el impacto que tendrá el SERNAC financiero introducido por la Ley N° 20.555, que reforma la Ley N° 19.946 sobre los derechos de los consumidores. La nueva regulación busca disminuir la brecha informativa entre los ciudadanos y quienes proveen servicios financieros. De ahí los nuevos deberes de información y las respectivas sanciones a su incumplimiento. El Profesor Roa hizo especial hincapié en el art. 1° de la Ley N° 20.555, el cual señala en su primer número que un derecho del consumidor de productos o servicios financieros es el de “conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece previa y públicamente para acceder al crédito y para otras operaciones financieras”.

El académico puso énfasis en que la obtención de un crédito ya no se mira como un contrato intuito personae (“te presto si quiero”), sino que como un derecho del consumidor. Esto supone una serie de preguntas como: ¿Qué se entiende por condiciones objetivas?, ¿Cuándo la negativa de la entidad financiera es (in)justificada?, ¿Cómo calzan estas reglas con las normas que protegen los datos personales y la regulación del mercado de capitales? y, en definitiva, si ¿Existe o no un derecho al crédito?

Las preguntas del público giraron en torno a estos tópicos (“¿pueden los bancos discriminar según el domicilio de quien pide el préstamo?”, “¿qué importancia tiene el sello SERNAC y si las empresas pueden usarlo a su favor para cobrar más caro por sus productos?”). El expositor remarcó que buena parte de estas dudas son abordadas por el Reglamento de la Ley N° 20.555, cuya aprobación actualmente se encuentra pendiente en Contraloría General de la República y manifestó su inquietud frente al hecho que sea un Reglamento y no la propia ley la que zanje cuestiones de esa importancia.

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