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Columna de opinión de los académicos de la Facultad de Derecho UAH, Rafael Blanco y Leonardo Moreno.
Fuente: El Mostrador.cl
El diseño de un sistema de justicia integral que logre satisfacer las exigencias de un genuino Estado de Derecho supone hacerse cargo de la estructura, funciones y ubicación institucional de la Defensoría Penal Pública. En efecto, esta institución es parte central del entramado que toda democracia debe edificar para racionalizar y controlar el actuar de los órganos estatales encargados de la persecución criminal estatal.
Los diques de contención más importantes que todo sistema democrático debe garantizar frente a las potenciales arbitrariedades, errores o excesos del accionar policial y del Ministerio Público no se agotan con la consagración de un soporte normativo teórico y abstracto de reglas y garantías procesales, si no que supone, adicionalmente, un diseño institucional que asegure que tales derechos y garantías serán debidamente representadas y exigidas ante el Sistema de Justicia. Allí es donde se visualiza como un rol central la institucionalidad de que se dote a la Defensa Penal Pública y debe ser abordado como un tema prioritario por la Convención Constitucional…
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