Fuente: La Tercera
El fortalecimiento de la educación pública es una demanda que ha sido advertida por diversos expertos y organismos internacionales, desde hace más de una década (Bellei, González, Valenzuela, 2010; Treviño, 2017; OCDE, 2018). Y para hacer frente a este desafío, en 2017 se dio inicio a una reforma inédita, que ha buscado reconfigurar la gobernanza y mejorar los indicadores que, sostenidamente, habían venido decreciendo en la educación en manos de los municipios.
Así, la primera fase de implementación de la denominada Nueva Educación Pública (NEP), ha permitido que distintos territorios a lo largo del país cuenten con 15 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en funcionamiento. Como era de prever, dada la magnitud de la reforma, la implementación ha presentado resultados disímiles en los territorios en los que se ha puesto en marcha. Demoras en los procesos de instalación e inconvenientes en los traspasos han sido parte de las dificultades experimentadas en algunas localidades.
Los diagnósticos de los expertos han puesto en evidencia que el origen de las vicisitudes se asocia fundamentalmente a dos dimensiones: la primera, está vinculada a complejidades en la gobernanza y marcos institucionales; y, la segunda, deriva de la herencia de los problemas de administración de algunos municipios.
La dimensión asociada a la gobernanza, ha exhibido dificultades en la coordinación de actores e instituciones, además de ciertas limitaciones para gestionar los recursos, y para intervenir con celeridad en situaciones complejas y procesos claves. En esa línea, resulta importante resaltar que no se trata de problemas estructurales de gobernanza, sino de errores del diseño de los procesos de traspaso e instalación y que, como señaló el comité de expertos, pueden ser modificados a través de ajustes a la política.
Por María José Valdebenito, Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado