Fuente: El Desconcierto
El clamor ciudadano derivado del “estallido social” se vio reflejado en las urnas en octubre de 2020 cuando el 80% de los votantes manifestó su deseo de cambiar la Constitución de 1980 y, posteriormente, en mayo de 2021, en la abrumadora victoria de los sectores más radicales de la izquierda chilena para escribir una nueva Constitución. Las causas del estallido y sus subsecuentes decisiones se explican por los sentimientos de discriminación, segregación y humillación que manifestaba ampliamente la ciudadanía.
El desencanto llegó pronto: en septiembre de 2022 la propuesta de nueva Constitución fue ampliamente rechazada por muchos de aquellos que aún deseaban modificar la carta fundamental, pero no a cualquier precio. Las razones para dicho rechazo fueron, fundamentalmente, en que ésta representaba los intereses partisanos de quienes la redactaron, pero no constituía ni de lejos una Constitución que representara a todas y todos los chilenos. En lo concreto, la Constitución de 1980 resalta los derechos de propiedad individuales, pero poco o nada menciona acerca de los derechos sociales; mientras que la fallida propuesta de 2022 resaltaba los derechos sociales con muy poco de derechos sobre la libertad individual.
Parece que a los chilenos y chilenas nos atrae movernos polarizadamente, como en un péndulo, sin apuntar al sano equilibrio entre libertad individual y equidad colectiva. Bien sabemos que una Constitución debe señalar derechos de los ciudadanos y la organización política del país. En cuanto a los derechos, la nueva propuesta de carta magna, escrita por una amplia mayoría de constituyentes de la derecha más radical, refleja intereses que enfatizan los derechos asociados a la libertad individual, pero al igual que la Constitución vigente, es reduccionista respecto de los derechos sociales…
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