Fuente: Infinita
La directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes y académica de Derecho Migratorio de la Universidad Alberto Hurtado, Gabriela Gilliger, manifestó su preocupación por la indicación legislativa que obligaría a establecimientos educacionales y centros de salud a entregar información de personas extranjeras en situación migratoria irregular.
En entrevista radial, Gilliger advirtió que la medida podría generar un “efecto inhibitorio” en familias migrantes, quienes dejarían de acudir a espacios vinculados a derechos fundamentales por temor a ser denunciadas. “La educación y la salud suelen ser espacios seguros en las distintas sociedades. Si se transforman en lugares de control migratorio, eso puede desalentar el acceso a derechos básicos”, sostuvo.
La académica explicó que la indicación contempla la entrega de antecedentes sensibles, como el estatus migratorio y domicilios de las personas extranjeras, lo que, a su juicio, mezcla funciones que corresponden a organismos distintos. “Los espacios de control migratorio deben recaer en instituciones como la Policía de Investigaciones o el Servicio Nacional de Migraciones, no en consultorios o colegios”, afirmó.
Gilliger también valoró las críticas surgidas desde el ámbito sanitario, entre ellas las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico de Chile, Ana María Arriagada, y de la ministra de Salud, quienes han advertido sobre las consecuencias que podría tener esta medida para la salud pública. Según explicó, el temor a ser identificados podría llevar a que personas migrantes dejen de vacunarse o de asistir a controles médicos, afectando no solo a la población extranjera, sino también al conjunto del país.
“Durante la pandemia ya se entendió que excluir a las personas migrantes de procesos de vacunación no tenía sentido sanitario. La conclusión fue que debían acceder a la vacuna precisamente para proteger a toda la población”, recordó.
Consultada sobre el contexto migratorio actual y las propuestas de endurecimiento del control fronterizo, Gilliger sostuvo que uno de los principales desafíos es evitar generalizaciones sobre un fenómeno “complejo y diverso”. En ese sentido, llamó a distinguir entre personas vinculadas a delitos graves y aquellas que, pese a haber ingresado de forma irregular, se han integrado laboral y socialmente al país.
“Hay personas migrantes que hoy cumplen funciones esenciales, por ejemplo en el sistema de cuidados, trabajando con adultos mayores o niños. El desafío es generar mecanismos de regularización para quienes contribuyen a la sociedad y enfocar los recursos de control en fenómenos más complejos como el crimen organizado”, señaló.
Respecto a la justificación del gobierno sobre las dificultades para notificar expulsiones, la directora jurídica del SJM indicó que la legislación migratoria ya fue modificada hace algunos años para flexibilizar esos procedimientos. Por ello, sostuvo que el problema no se resolvería mediante la entrega de información desde escuelas u hospitales, sino fortaleciendo las capacidades de búsqueda y notificación de la Policía de Investigaciones.
Finalmente, Gilliger enfatizó que avanzar en esta línea podría vulnerar la confianza que tanto personas extranjeras como chilenas depositan en instituciones destinadas a garantizar derechos fundamentales.
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