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La Maldad en los Hornos de Lonquén: la memoria obstinada resiste al negacionismo del presente

Fuente: Cooperativa “Muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal”, así, con total desprecio por la vida humana, lo aseguraba en 1975 -ante la Asamblea de las Naciones Unidas- […]

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Fuente: Cooperativa

“Muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal”, así, con total desprecio por la vida humana, lo aseguraba en 1975 -ante la Asamblea de las Naciones Unidas- el delegado chileno de la dictadura, Sergio Diez. Así negaba la existencia de detenidos desaparecidos en Chile. Tres años después de estas burdas declaraciones, en las que también se argumentaba que muchos de las y los prisioneros políticos habían muerto en combates, el discurso oficial del régimen comenzaba a desplomarse ante el horror que quedó al descubierto en unos antiguos hornos de una mina de cal abandonada en el sector de Lonquén, comuna de Talagante.

Lo “presunto” pasó a ser evidente, porque el 30 de noviembre de 1978 marcó un punto de inflexión moral sin retorno para las y los militares y civiles violadores de derechos humanos y responsables de crímenes de lesa humanidad. Ese jueves 30 se encontraron restos de osamentas y ropas de 15 personas -de edades que oscilaban entre los 17 y 51 años- que habían sido detenidas por carabineros de la Comisaría de Isla de Maipo, cinco años antes, el domingo 7 de octubre de 1973, hace 50 años. La mayoría fue sacada desde sus propias casas, otras fueron arrestadas en la plaza de la comuna sin justificación alguna, ninguno tenía militancia partidaria. Ese fue el último día que los vieron con vida.

Este macabro hallazgo constituyó la primera prueba fehaciente de que el régimen mentía descaradamente, dejando en evidencia el andamiaje diseñado para la desaparición forzada de personas. Los restos aparecieron amarrados con alambres y, de acuerdo con el último informe de las autopsias, fueron brutalmente golpeados y enterrados aún con vida en los hornos al día siguiente de haber sido apresados. Los agentes policiales diezmaron a tres familias: los Maureira Muñoz (Sergio y sus hijos, José, Rodolfo, Segundo y Sergio); los hermanos Hernández Flores (Carlos, Óscar y Nelson) y los Astudillo Rojas (Enrique y sus hijos, Omar y Ramón). Completan esta cruel lista Miguel Brant, José Herrera, Manuel Navarro e Iván Ordoñez. Aunque el sufrimiento de los familiares no cesó con este siniestro descubrimiento.

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