Fuente: Revista Mensaje
En el actual debate público chileno sobre la seguridad suele imponerse una idea que se repite como un mantra: vivimos una ola de violencia incontrolable, el Estado ha perdido toda capacidad de respuesta y la ciudadanía queda a merced del delito. Esa narrativa, amplificada en tiempos electorales y reforzada por titulares alarmistas, rara vez se detiene a observar lo que dicen los datos disponibles. Sin embargo, cuando contamos con estadísticas serias y metodologías rigurosas, se nos abre un espacio distinto: el de una reflexión serena y fundada en evidencia.
El Reporte Anual de Homicidios 2024 del Ministerio Público, publicado a fines de agosto, constituye un aporte significativo en esta dirección. Por cuarto año consecutivo entrega cifras sistematizadas que permiten analizar tendencias, distinguir contextos y caracterizar tanto a víctimas como a imputados. Allí se constata, por ejemplo, que la tasa nacional de homicidios consumados descendió en relación con los años 2022 y 2023, y que el porcentaje de imputados conocidos ha mejorado, superando incluso el 65% de los casos. Son datos que matizan la sensación de descontrol que se instala en la conversación política y mediática.
Partir de la evidencia no significa negar la gravedad del fenómeno homicida ni minimizar su impacto social. Por el contrario, supone reconocer que solo desde el dato es posible construir diagnósticos realistas, capaces de evitar el atajo fácil del populismo punitivo y de abrir la puerta a una política criminal democrática y responsable.
Lee la columna completa <<<