Fuente: Ciper
Probablemente uno de los rasgos característicos de los regímenes que antes se denominaban totalitarios y hoy
de forma más sutil iliberales es su uso –focalizado y sistemático- de medidas administrativas para el
cumplimiento de objetivos de disciplina y depuración social, seleccionando poblaciones completas que no
eran excluidas por lo que hacían, sino por lo que eran. La amenaza del gobierno administrativo es que burla el
ejercicio de la justicia, pues impide la presentación de recursos de apelación y niega, en el fondo, así la
pretensión de inocencia como el amparo de la ley y la convicción de la igualdad de todas y todos frente a ella.
El recientemente propuesto Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades sigue la senda del modo
administrativo de gobernar, insinuando una suma de comportamientos de la autoridad que deben analizarse
con cuidado. En primer lugar, equipara en su penalización a conductas que ya existen tipificadas como delitos
o faltas, eliminando la brecha que la tradición jurídica ha establecido. Más grave aún, supone un criterio de
desproporcionalidad insólito, en tanto una acción hoy considerada falta –por ejemplo, la realización de una
pintada en un muro- podría derivar en la exclusión de un derecho social como, por ejemplo, la gratuidad
universitaria.
Es aquí donde quizás reside un aspecto de particular gravedad: el uso de los derechos sociales como un factor
condicionante de la conducta de los individuos. Los derechos sociales son inmanentes a quienes pertenecen a
un determinado Estado, son atributos de la ciudadanía, no una garantía que la autoridad distribuye a su antojo,
no resultado del ajuste a las –siempre transitorias- prioridades de una u otra administración. Es contradictorio
anhelar una mayor cohesión social, respeto por las reglas comunes y rechazo a la violencia si ello se hace
gracias a la amenaza de la privación de derechos.
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