Fuente: La Segunda
Unos $ 200 mil o unos $150 millones pagará el Gobierno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) para que apoye el proceso de reforma constitucional de Chile. El monto saldrá del presupuesto de Cancillería, dirigida por Andrés Allamand, quien antes de asumir el liderazgo de la cartera fue ferviente promotor del Rechazo.
El acuerdo firmado el 26 de noviembre en París se conoció a comienzos de este mes y genera suspicacias por una posible intervención del Ejecutivo. Tres constitucionalistas consultados por “La Segunda” consideran que dada la diversidad que tendrá la instancia, el apoyo técnico será beneficioso, pero advierten que debe ser requerido por la convención y no por el Gobierno.
Verónica Undurraga, académica UAI y directora de Espacio Público, subraya que “hay una parte del convenio que dice que el ministerio de Relaciones Exteriores tendrá encargados de esto y que se van a definir los temas a investigar de común acuerdo entre Chile y la Ocde. El “Chile” debería interpretarse como una decisión de quienes dirijan la convención o la secretaría técnica que tendrá (… ) Si fuera solo el Gobierno me parecería mal”.
Tomás Jordán, exasesor de Segpres durante el proceso de reforma a la Constitución de la expresidenta Michelle Bachelet y académico de la U. Alberto Hurtado, recalca que “la colaboración será un aporte siempre y cuando se respete la no injerencia en las facultades de la convención, para que no sea leída como una intervención del Gobierno a través de estos organismos”. Precisa que es la convención, una vez que se constituya, la que debe suscribir y activar -si así lo determinaeste tipo de convenios…
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