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Claudia Sarmiento: Basta recordar cada 11 de septiembre para sentir cuán frágil puede ser la paz y el progreso

En un contexto donde la incertidumbre y la polarización tienden a instalar la idea de que vivimos bajo una emergencia permanente, Claudia Sarmiento reflexiona si vale la pena detenerse a pensar qué significa realmente gobernar bajo el Estado de Derecho.

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Fuente: La Tercera

Las sociedades modernas son complejas, pues cohabitan diversas miradas de la buena vida, intereses divergentes y
propuestas antagónicas acerca de cómo superar nuestros múltiples conflictos. Para encontrar paz y progreso en este
potencial caos hemos avanzado hacia el ejercicio del poder supeditado a las leyes, las que aspiran a ser generales, abstractas, neutras y dictadas por el órgano competente, para procurar prevenir la arbitrariedad en su uso y a que no se concentre en una sola mano. Las leyes producidas principalmente en el Congreso son un rflejo de la voluntad general, por lo que dan cuenta de las convenciones sociales sobre cuál debe ser el destino de una nación.


Existen excepciones cuando frente a emergencias se demanda otra forma de actuar; son regímenes jurídicos de carácter extraordinario que facultan al Presidente de la República para restringir o suspender el ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales en situaciones calificadas de crisis. La pandemia, por ejemplo, permitió al Poder Ejecutivo disponer de más recursos de los previstos para la compra de fármacos o vacunas, que nuestra libertad se
viera fuertemente limitada y no pudiéramos salir de nuestras casas O que los niños dejaran de asistir a los colegios. Justificó la suspensión de litigios en tribunales y el cierre de las empresas y el comercio.


Lamentablemente en el último tiempo hemos podido ver cómo surgen discursos políticos que buscan instalar la noción de que vivimos en un estado de emergencia, de calamidad, que demanda dejar atrás el sistema de reglas para gobernar bajo una lógica de excepción. Invocando problemas propios de la persecución de la delincuencia se moviliza a las Fuerzas Armadas para reprimir fenómenos de criminalidad doméstica. Para limitar la migración irregular se
detiene indiscriminadamente a todos los migrantes y se los envía a centros de detención similares a prisiones. Para limitar el gasto público se desmantelan programas sociales y eliminan ministerios.

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