Fuente: El Mercurio
La modificación normativa, estructural e institucional que se aplicó en Chile desde el año 2000 en adelante, diseñada y preparada por el mundo académico, la sociedad civil y el Gobierno del Presidente Eduardo Frei; conducida por la ministra de Justicia de la época, Soledad Alvear, y aprobada con amplio apoyo del Parlamento, permitió dejar atrás años de un sistema inquisitivo, secreto, lento, con amplios espacios para la arbitrariedad y la vulneración de Derechos Humanos y poco eficiente para hacer frente a la delincuencia. La reforma al proceso penal logró eliminar el expediente como medio de acopio y decisión, reemplazándolo por audiencias públicas, orales y transparentes que permiten mejor información, debate y deliberación y, desde luego, un mayor escrutinio ciudadano y de la prensa.
Asimismo, logró reducir los tiempos de duración de los procesos penales, desde años promedio (CPU-CED) a promedios que no exceden de un año en la mayor parte de los delitos judicializados, y poco más de dos en los delitos complejos, según datos publicados por el Ministerio Público. La reforma permitió a los jueces desarrollar sus tareas de cautela de derechos y garantías desde genuinas posiciones de imparcialidad objetiva y subjetiva, eliminando sus tareas de investigación y potenciando su independencia externa.
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