Fuente: El Mercurio
La discusión del presupuesto 2027 ha vuelto a poner en el centro la inversión del Estado en educación superior. Tanto los recursos destinados a investigación como los que financian la gratuidad se presentan como contrapuestos a un objetivo de amplio consenso: aumentar el financiamiento de la primera infancia. Plantearlo así obliga a elegir entre etapas de una misma trayectoria educativa, cuando lo que el país necesita es sostenerla completa.
Sobre la gratuidad, hay piezas que el análisis no debe olvidar. Se habla a diario del desplome de la natalidad, pero casi nadie saca la consecuencia más evidente para este debate. En 2014 nacieron cerca de 250 mil niños en Chile; en 2025, poco más de 146 mil. La educación parvularia y la escolar ya atienden a menos niños cada año. A partir de 2032 ese impacto llegará a la educación superior y, como el gasto en gratuidad depende del número de estudiantes, irá liberando recursos. Oponer gratuidad y primera infancia como si se disputaran una torta fija es hacer las cuentas con el país de hace diez años.
La gratuidad vino también a desactivar el problema del CAE, cuya deuda pendiente pasó de unos 500 mil millones de pesos en 2019 a cerca de 4 billones hoy, según el ministro de Hacienda. A fines de 2025, más de 420 mil deudores tenían sus garantías ejecutadas, y la mayoría de quienes desertaron quedó en mora: estudiaron sin titularse y salieron endeudados. Reemplazar el desembolso de las familias y buena parte del CAE era precisamente lo que se buscaba. Egresar sin deuda cambia, además, la trayectoria económica de toda una vida, con efectos en la economía del país que habrá que medir.
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