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La académica UAH e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (COES) analiza la falta de políticas públicas que integren el control policial y el desarrollo urbano.
Fuente: Latercera.com
La noche de Año Nuevo pudimos presenciar fuegos artificiales en distintas ciudades en Chile, pese a su prohibición legal. En algunos vecindarios los espectáculos pirotécnicos duraron incluso dos horas. Estos hechos hablan de la extensiva presencia de bandas vinculadas al tráfico de drogas en los barrios y de las estrategias que ellos despliegan para ganar popularidad social. Diversos estudios realizados en favelas en Brasil, en villas en argentinas o en barrios en Colombia muestran que este tipo de estrategias son exitosas, que les permite coexistir y convivir con vecinos en los mismos pasajes y cuadras y que son posibles porque el “narco” provee beneficios sociales en aquellos vecindarios donde ni el Estado ni los servicios privados lo hacen.
En Chile, nuestras primeras indagaciones mostraban que el desarrollo de estos grupos en vecindarios periféricos data desde mediados de los años ochenta y que su localización no es aleatoria, sino que se asocia a persistentes procesos de exclusión social (Luneke, 2005; Luneke, Ruiz, Munizaga, 2009). No es un fenómeno nuevo. Y, en contrapartida, nuestros estudios recientes evidencian que hoy (y más que en el pasado) casi la mitad de quienes habitan estos territorios declaran estar expuestos de manera permanente al consumo de drogas, a la venta de drogas y a las balaceras entre bandas (INDH, 2019).
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