Fuente: CIPER
Señor director:
A propósito de la reciente publicación de los resultados de la Prueba PAES, la conversación pública en educación ha adquirido un tono superficial. Luego de una polémica en torno a los datos —que confunde la necesaria prudencia institucional en el uso de datos nominados con una supuesta falta de transparencia—, el debate muestra una inexplicable sorpresa con brechas educativas largamente conocidas, pues en nuestro sistema educacional los resultados académicos están porfiadamente determinados por la condición socioeconómica de origen de los estudiantes. Además, varios actores insisten en hacer una evaluación sobre la situación de la educación pública a partir de análisis basados en ránkings simples, que no toman en consideración cuestiones clave, como las características de los estudiantes o el tamaño de los establecimientos.
Desde luego, el fortalecimiento continuo de nuestra educación pública debe ser prioridad. El estancamiento en su matrícula y sus resultados —constatados tanto por pruebas tanto nacionales como internacionales— son expresiones de aquello. Pero precisamente esto obliga a una mirada de largo aliento, que reconozca las raíces del problema y evite caer en análisis efectistas que simplifican la realidad. Se ha intentado durante estos días atribuir al fin de la selección académica las dificultades de la educación pública, sin que exista evidencia que respalde ese juicio, y sin considerar que es justamente la educación pública la que debe ofrecer una enseñanza de calidad sin exclusiones ni segregación.
Un sistema de admisión inclusivo es el camino correcto, pero ciertamente queda mucho camino por avanzar para una educación pública capaz de compensar nuestras profundas desigualdades sociales, atendidas las señales claras de agotamiento que exhibe el diseño institucional de nuestro sistema educativo. Las reformas recientes han dado un paso adelante, generando mejores condiciones para la inclusión y la calidad del sistema, sin embargo, es evidente que estas reformas son insuficientes y deben complementarse con otros cambios urgentes, como un sistema de financiamiento justo y eficiente, que supere el esquema basado en la competencia y el subsidio a la demanda, y contribuya a avanzar de manera continua hacia una mayor equidad y calidad.
Si bien nuestro país ha acercado su gasto en educación al de los países de la OCDE, los frutos de dicha inversión no son los esperados. El financiamiento basado en subvenciones por asistencia se ha demostrado agotado e ineficiente. Ello se suma a un sistema de rendición de cuentas desarticulado, con instrumentos que, bien intencionados cada uno por sí mismo, en su operar conjunto introducen un exceso de burocracia y presión a las escuelas y sus docentes. Como resultado, la educación pública persiste en una posición marginal, que dificulta su potencial para liderar una formación para la sociedad futura, con sus tecnologías y problemáticas emergentes.
Llamamos al Ministerio de Educación a convocar a un diálogo social amplio en esta materia, que permita perfilar tanto soluciones a las urgencias como también un horizonte distinto para el futuro de nuestro sistema educativo. Este diálogo debe sostenerse sobre la base de un acuerdo de largo plazo y con visión de Estado, que vaya más allá de la contingencia política, y sobre la base del cual el Gobierno y los actores políticos concurran con recursos y apoyos efectivos a la educación pública. Manifestamos, desde ya, nuestra total disposición a colaborar para avanzar en aquella dirección, y convocamos a la comunidad académica y de investigación a propiciar un debate con alturas de miras y basado en evidencia sobre el estado actual de nuestra educación.
Firman esta carta:
Nolfa Ibáñez, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2021.
María Victoria Peralta, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019.
Abraham Magendzo, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2017.
Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013.
Cristian Bellei, Centro de Investigación Avanzada en Educación, Universidad de Chile.
Ernesto Treviño, Centro para la Transformación Educativa, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Alejandra Falabella, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, Universidad Alberto Hurtado.
Verónica López, Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
María Teresa Rojas, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales.
Gonzalo Muñoz, Académico Facultad de Educación, Universidad Diego Portales.
Javiera Marfán, Facultad de Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile.
María Beatriz Fernandez, Universidad de Chile
Cristóbal Villalobos, Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Vicente Sisto, Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Alejandra Meneses, Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Julio Labraña, Universidad de Tarapacá.
María José Valdebenito, Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado.
Carolina Álvarez Valdés, Académica Investigadora de la Facultad de Educación, Psicología y Familia, Universidad Finis Terrae.
Miguel Caro, Centro de Experimentación Pedagógica, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Renato Gazmuri, Facultad de Educación, Universidad Diego Portales.
Iván Salinas, Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile.
Fabián Guajardo, Académico Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad Andrés Bello.
Nicolás Fleet, Departamento de Sociología, Universidad Alberto Hurtado.
Felipe Acuña Ruz, Académico de la Facultad de Educación, Universidad Católica Silva Henríquez.
Luis Osandón Millavil, Departamento de Estudios Pedagógicos, Universidad de Chile.
Francisca Corbalán Pössel, Centro de Investigación Avanzada en Educación, Universidad de Chile.